Del cónclave participó el secretario general de la Gobernación, Carlos Fagúndez, quien junto autoridades del Ejecutivo comunal, encabezado por el intendente Manuel Valdés, se manifestó en contra de la orden de intimación emitida por el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), para desalojar en el plazo de diez días, inmuebles que fueron cedidos a la Comuna por parte del EBY.

"Estamos ante una amenaza que puso en alerta a toda la población", dijo el jefe comunal mientras exhibía el documento al enviado del Gobierno provincial.

Fagúndez, en tanto, en nombre del Estado provincial expresó el "acompañamiento del Gobernador para con los ituzaingueños y anunció la llegada a la localidad del fiscal de Estado, Fernando Carbajal, para este viernes".

Y sostuvo que "la medida intimidatoria carece de seriedad y sustento legal, porque antes no hubo ningún tipo de aviso previo y por eso desde la Fiscalía de Estado se analizarán los pasos legales a seguir".

La propiedad en cuestión es un inmueble ubicado en el barrio General San Martín, conocido como "Mil Viviendas", ocupado desde hace casi diez años por un complejo comercial, predio donde funcionan cinco emprendimientos con más de un centenar de operarios trabajando.

Así, los propietarios se reunieron con las autoridades locales y "esta preocupación se extendió a los vecinos que ocupan las viviendas en el barrio", indicó Valdés.

La intimación tiene fecha del pasado lunes y lleva la rúbrica de Miguel Quintana, titular del ONABE ante la cual el intendente indicó: "Esta gente hace siete años atrás participó de una subasta por esos inmuebles y ahora una notificación sin ningún tipo de aviso previo sorprendió a todos".

En otro aspecto, pero casi en una idéntica medida, el organismo federal envió un aviso hacia un privado que ocupa el parque industrial de la localidad.

Los funcionarios municipales informaron que "en su momento el acuerdo lo hizo el inversor con el ONABE y ahora aparentemente le objetan que en el lugar se radicó gente que no tiene nada que ver con el parque industrial".

La situación generó malestar en los vecinos además de los titulares de los locales comerciales ya que existe el temor de medidas similares en los vecinos de las viviendas construidas por la EBY.

“La gente está movilizada y no descartan ningún tipo de acciones", señaló el intendente.

Anoche, vecinos del barrio General San Martín y comerciantes de la zona se reunieron con funcionarios municipales y "no descartan llegar a tomar medidas extremas para defender sus derechos ya que están sumamente alarmados y no entienden la razón de ser de esta medida", informó el jefe comunal.

También prepararon un petitorio para enviar en las próximas horas al ONABE con el objetivo de solicitar aclaración de la intimación "ante la sorpresa de la decisión tomada por el Gobierno nacional".

No obstante, Fagúndez aseguró que "los vecinos y propietarios del complejo comercial deben estar tranquilos porque el Gobierno de Corrientes está de su lado y no permitiremos ningún tipo de avasallamientos hacia nuestros comprovincianos".

Sobre la medida, Valdés adelantó que mantuvo contacto telefónico con un representante legal del ONABE y el próximo martes estará en Capital Federal "para tratar de solucionar este tema que indudablemente las autoridades nacionales desconocen cómo es la cuestión y la índole de este problema".