La medida que en sus considerandos consta de cinco páginas fue refrendada por el gobernador Arturo Colombi y el ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde.

La decisión tiene que ver con un corte de ruta protagonizado por el efectivo de la fuerza policial el pasado 23 de octubre, hecho que está por fuera de la amnistía general dada por el Estado provincial, meses atrás en circunstancias similares.

La medida fue dada a conocer a la Dirección de Información Pública en las últimas horas de este viernes, los considerandos de ésta contienen abultada información sobre cómo se desarrollaron los hechos el pasado 23 de octubre.

Jornada en la que un grupo de manifestantes, en su mayoría pertenecientes a diversas entidades gremiales, protagonizaron un corte total del tránsito sobre el puente General Belgrano.

Las explicaciones de la medida se basan "en grabaciones de medios periodísticos de la Capital correntina, siendo individualizados personal policial retirado y en actividad".

También figuran declaraciones en calidad de testigos de efectivos policiales que entre las 19:30 y 20 del pasado 23 de octubre participaron en el operativo preventivo vehicular en las adyacencias al viaducto.

En esas testimoniales se indica la presencia del oficial principal Miguel Fernando Soto. Se agregan a las conclusiones que el uniformado en cuestión "ha actuado con desobediencia e insubordinación a las normativas establecidas en la norma policial existente. Violentando así los preceptos normados en el reglamento del régimen disciplinario policial y normas de procedimiento que se le imputa, al concurrir el día 23 de octubre de 2008, en la explanada del puente interprovincial General Manuel Belgrano procediendo luego a interrumpir el libre tránsito sobre el viaducto interprovincial de personas y cosas por esta vía de comunicación".

Agrega además que la "actitud fue reiterada en fecha del 28 de octubre de 2008 lo que evidencia una desobediencia e insubordinación manifiesta y como es de público conocimiento, ha reiterado esta conducta estando bajo proceso sumarial y con conocimiento de las faltas que se le imputaban en el mismo".

Por último destaca una evidenciada y "fehaciente carencia de apego a las directivas legales y normas disciplinarias que reglan la actividad y función policial".

El informe incluido en los considerándos del decreto finaliza con el dictamen del asesor de la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza provincial que "entiende plenamente probado su participación en los hechos que se le imputan". Alude al Oficial Principal Miguel Fernando Soto clase 1972, DNI Nº: 22.731.617.

La medida tomada y dada a conocer por el Ejecutivo provincial está por fuera de la amnistía general otorgada a agentes de la administración pública, entre ellos numerarios de la fuerza policial, meses atrás en circunstancias similares a la ocurrida el pasado 23 y 28 de octubre de 2008.

Justamente esa ley, refiere sobre acontecimientos desarrollados en un tiempo perentorio.

Por otra parte el Ejecutivo correntino dictaminó el Decreto Nº 2.665 también fechado este viernes. Con la firma del gobernador Arturo Colombi y los ministros de Hacienda y Finanzas, Sergio Tressens y el de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde; la norma establece la prórroga "del adicional de 200 pesos en calidad de reintegro por gastos de equipamiento policial".

Será por el término de siete meses comprendidos desde el abono del sueldo correspondiente a diciembre de este año, hasta el haber de junio de 2009.

El articulado del decreto recuerda que el adicional empezó a regir desde junio pasado hasta agosto último y luego fue prorrogado hasta este mes en curso.